IA y música: por qué los pleitos por derechos de autor van a redefinir la industria

Escribe el nombre de una banda en una caja de texto y espera unos segundos. Lo que sale no es una lista de canciones: es una canción nueva, con voz, con producción, con estribillo, que suena como si esa banda la hubiera grabado. No la grabó. La generó una máquina que aprendió escuchando.

Ahí empieza todo. Porque si esa canción existe y suena a alguien, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve legal: ¿de quién es? ¿De quien la escribió? ¿De quien la interpretó? ¿De quien pagó por grabar? ¿De la empresa que entrenó el modelo? ¿De ti, que solo escribiste un nombre?

Durante dos años esa pregunta se contestó en tribunales, y lo que ha pasado en 2026 explica por qué esta discusión no es un pleito de moda: es el momento en que la industria empieza a decidir cómo se reparte el dinero de aquí en adelante.

Todo empezó con dos demandas en junio de 2024

El 24 de junio de 2024, la RIAA —la asociación que representa a las disqueras en Estados Unidos— anunció dos demandas por infracción de derechos de autor: una contra Suno, radicada en Massachusetts, y otra contra Udio, en el Distrito Sur de Nueva York. Del lado de los demandantes estaban las tres grandes: Universal Music Group, Sony Music Entertainment y Warner Records.

El argumento era específico y conviene entenderlo bien, porque de ahí cuelga todo lo demás. Las disqueras no reclamaban que las canciones generadas fueran copias. Reclamaban la entrada: que para entrenar sus modelos, ambas plataformas habían copiado miles de grabaciones protegidas sin permiso.

Suno y Udio respondieron lo mismo que responden casi todas las empresas de inteligencia artificial: que usar material protegido para entrenar es fair use, uso legítimo. Si eso se acepta, entrenar con música ajena no cuesta nada.

Ese es el pleito que definía el terreno. Y ese pleito, dos años después, ya no se parece a lo que empezó.

Tres pleitos que no son el mismo pleito

Cuando leas sobre demandas de música e inteligencia artificial, fíjate en qué se está reclamando, porque son tres cosas distintas y se confunden todo el tiempo.

Uno: derechos de autor. Se copió una obra protegida —una canción, una letra, una grabación— sin licencia. Es lo que reclaman las disqueras y lo que reclama un editor musical.

Dos: derecho de imagen. No se trata de la canción, sino de la persona. Usar el nombre y la voz de alguien para generar algo que parece suyo, sin su permiso. Aquí el daño no es la copia: es la suplantación.

Tres: contratos. No hay pleito contra la máquina, sino contra la cláusula que firmaste. ¿Puede un contrato permitir que clonen tu voz? ¿Con qué nivel de detalle tiene que explicártelo?

Los tres frentes avanzan al mismo tiempo, y por eso el asunto se siente desordenado. Pero cada uno resuelve una parte distinta del problema.

El caso más claro: el catálogo de Elvis contra Claude

El 23 de octubre de 2026, los dueños de los derechos del catálogo de Elvis Presley demandaron a Anthropic, la empresa detrás de Claude, en una corte federal. La acusación: haber usado 274 composiciones protegidas para entrenar sus modelos, y además permitir que su tecnología genere versiones no autorizadas de esas canciones.

Piden hasta 41.1 millones de dólares en daños estatutarios.

Anthropic le dijo a Billboard que no está de acuerdo con las acusaciones y que piensa defenderse. Suno, por su parte, no quiso comentar.

El caso funciona como ejemplo porque es concreto: un catálogo, un número de obras, una cifra. Y porque muestra el giro más importante de todo esto. Ya no se discute solo qué pasó con las grabaciones de entrenamiento; también se discute qué pasa con las canciones que la máquina produce y que suenan sospechosamente a alguien.

21 de octubre: la demanda que movió las cifras

Dos días antes de la demanda de Elvis, el 21 de octubre de 2026, el editor musical Reservoir presentó dos demandas en el Distrito Norte de California: una contra Suno y otra contra Anthropic.

Los números que maneja son de otra escala: 1,050 composiciones atribuidas al entrenamiento de Suno y letras de 853 composiciones en el caso de Anthropic. En total, alrededor de 338 millones de dólares en daños estatutarios potenciales.

Entre las obras mencionadas están Both Sides Now y Big Yellow Taxi de Joni Mitchell, Ring of Fire de Johnny Cash, Papa Don’t Preach de Madonna y Bring Me to Life de Evanescence.

El abogado de Reservoir, Richard Busch, resumió su postura con una frase que vale la pena citar completa, porque es la que van a repetir otros editores: que Suno construyó una plataforma donde «cualquiera capaz de pagar 10 dólares al mes puede crear canciones completas basadas enteramente en esas copias ilícitas».

Ahí está el corazón del asunto económico. No es que la máquina cante: es que cobra por cantar con material ajeno.

Los sellos que demandaron y luego firmaron

Aquí viene la parte que casi nadie cuenta y que cambia la lectura del conflicto.

En octubre de 2025, Universal llegó a un acuerdo con Udio. En noviembre de ese mismo año, Warner hizo lo propio con Udio y después con Suno; como parte del arreglo, Suno adquirió Songkick, la plataforma de conciertos de Warner. Los términos económicos no se hicieron públicos, pero los acuerdos incluyen licencias y planes de modelos legales para 2026.

O sea: las mismas empresas que en 2024 acusaron a estas plataformas de infracción masiva terminaron, poco más de un año después, firmando con ellas.

Sony es la única de las tres grandes que no ha llegado a un acuerdo con ninguna de las dos compañías, y sus reclamos siguen activos.

Y esto generó un pleito nuevo, pero de los músicos contra sus propias disqueras: la American Federation of Musicians presentó una demanda enmendada contra Universal y Warner por esos acuerdos con Suno y Udio, sosteniendo que ahora las compañías permiten que las mismas empresas usen las grabaciones de sus agremiados para entrenar modelos. Es decir, la pelea dejó de ser «la industria contra la IA» y se volvió, también, «los músicos contra la industria».

Lo que la ley alcanzó a decir

Mientras los tribunales avanzan, algunos legisladores no esperaron.

En marzo de 2024, Tennessee aprobó la ELVIS Act (Ensuring Likeness, Voice, and Image Security Act), que protege la voz y la imagen de una persona frente a réplicas digitales sin consentimiento, y que —a diferencia de otras normas— también alcanza a las herramientas cuyo propósito principal es producir esas réplicas.

En septiembre de 2024, California promulgó dos leyes. La AB 2602, vigente desde el 1 de enero de 2025, vuelve inaplicables las cláusulas de contrato que permiten crear una réplica digital de un intérprete sin una descripción razonablemente específica de cómo se usará. La AB 1836, que entró en vigor el 1 de enero de 2026, prohíbe las réplicas digitales de personas fallecidas.

Ninguna de las dos menciona la palabra «inteligencia artificial». Están escritas para el problema, no para la tecnología, y por eso probablemente envejezcan mejor que cualquier reglamento técnico.

Qué significa esto si tocas en Guadalajara

A primera vista parece un pleito entre corporativos de Nueva York y California. No lo es del todo, y hay tres cosas que te tocan de cerca.

El derecho de imagen ya está en juego. El 2 de septiembre de 2026, Jason Isbell, Guy Forsyth, Ed Calle y David Lowery presentaron una acción colectiva contra Suno. No por derechos de autor: por derecho de imagen. Alegan que al escribir el nombre de un músico, el sistema produce algo que evoca a esa persona —canción, descripción, imagen— y que eso usa su identidad sin permiso. Si ese argumento prospera, no importa si la canción generada es idéntica o no: importa que suene a ti.

La distribución también está en la mira. Hay un frente que no es de canciones sino de números: según la cobertura legal del caso, Universal y Sony habrían pedido a un juez que obligara a DistroKid a revelar cuánto material generado por inteligencia artificial pasa cada mes por su servicio de distribución. DistroKid es una de las puertas más usadas por artistas independientes para subir su música a las plataformas, y lo que buscarían con esos datos es medir el daño de mercado en su pleito contra Suno.

Y los ingresos en vivo pesan más. Para una banda que llena un foro en Guadalajara, la música grabada muchas veces no es la fuente principal: lo es el boleto, el merch, el bar. Cuando el catálogo grabado pierde valor porque hay versiones infinitas y gratis, lo que queda es el show. Eso ya está pasando, y estas demandas aceleran la conversación sobre cuánto vale una canción cuando se puede generar otra parecida en treinta segundos.

Lo que todavía no se decide

Si buscas un veredicto, no lo hay. Lo que hay es una industria cambiando de estrategia casi en tiempo real: demandar, después licenciar, después cobrar por el modelo entrenado con tu catálogo.

Quedan preguntas abiertas que van a definir los próximos años. ¿El uso legítimo cubre entrenar con música? ¿Se puede proteger una voz aunque nadie copie una canción? ¿Qué tiene que decir un contrato para que firmar tu voz sea una decisión y no una letra chica? ¿Y quién cobra cuando la máquina genera algo que suena a alguien que ya no está para defenderlo?

La respuesta no va a llegar de un solo tribunal. Va a salir de las tres capas al mismo tiempo: el copyright, el derecho de imagen y el contrato que firmes.

Mientras tanto, la próxima vez que alguien escriba el nombre de una banda y aparezca una canción nueva, esa canción va a seguir existiendo. La pregunta es a quién le van a pagar por ella.

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